El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que los actos anticipados de campaña están claramente regulados en la ley y que todos los servidores públicos deben conducirse con pleno conocimiento de la normatividad para evitar incurrir en infracciones.
Señaló que quienes ostentan un cargo público tienen la obligación de actuar dentro del marco legal, a fin de no ser señalados posteriormente por violar las disposiciones electorales, y subrayó que esta responsabilidad aplica para todos por igual.
Respecto al caso de la senadora Andrea Chávez, De la Peña indicó que el tema ha generado mayor revuelo por tratarse de una legisladora federal y por ser un asunto reciente, aunque insistió en que el criterio legal debe ser el mismo para cualquier actor político. Añadió que incluso el día de ayer, en la capital del estado, la senadora realizó la entrega de lentes a ciudadanos, acción que también implicó un ejercicio de promoción, por lo que consideró que ella misma estará valorando los riesgos y consecuencias de sus actos.
Estas declaraciones se dan luego de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua confirmó las medidas cautelares en contra de la senadora por presuntos actos anticipados de campaña. La resolución ordena que retire su nombre e imagen de ambulancias y unidades médicas que recorren el estado prestando servicios, al considerar que podrían constituir una forma de promoción personalizada fuera del periodo electoral.
Con esta determinación, se mantiene vigente la orden emitida previamente por el Instituto Estatal Electoral (IEE), mientras se resuelve el procedimiento sancionador iniciado en contra de la legisladora de Morena.
El magistrado del TEE, Hugo Molina, explicó que, aunque no exista actualmente un proceso electoral en curso, el Instituto Estatal Electoral sí tiene competencia para intervenir, ya que los hechos denunciados pueden afectar los principios de legalidad y equidad previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Asimismo, el Tribunal desestimó las impugnaciones presentadas tanto por la senadora como por Morena en contra de la decisión del IEE, ratificando las medidas cautelares y dejando firme la orden de retirar la promoción personalizada.